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05/12/2018

Retribución de los administradores

¿Regulan las compañías de manera correcta la relación contractual y societaria con sus administradores y consejeros?

 

El régimen retributivo de los administradores y consejeros  -en sus vertientes mercantil, laboral y fiscal- y la relación contractual/orgánica establecida entre aquellos y las compañías mercantiles, siempre generan mucha controversia y dudas jurídicas sobre su correcta aplicación.

 

Es una cuestión con muchas aristas que debe ser analizada desde varias perspectivas:

 

- Relación jurídica-contractual que prevalece; relación mercantil vs relación laboral o, en su caso, la posible compatibilidad entre ambas.

 

- Aspectos fiscales de la retribución; consideración de la retribución como rendimientos del trabajo o de actividades económicas (IVA) y deducibilidad de dicha retribución en el Impuesto de Sociedades de la compañía, en función de si se cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

 

- Encuadramiento en Seguridad Social; Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o Régimen General de la Seguridad Social (especialidad sin cotización por desempleo ni al Fondo de Garantía Salarial).

 

A pesar de que la LSC, a través de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, introdujo importantes modificaciones para clarificar estos y otros aspectos legales discutidos, la realidad es que siguen suscitándose muchas dudas interpretativas que hacen que las empresas deban analizar adecuadamente la relación jurídica existente con sus administradores y consejeros.

 

Así, a principios de este año, una importante sentencia dictada por el Tribunal Supremo (número 98/2018, de 26 de febrero), por vez primera desde la reforma, ha interpretado los artículos 217 y 249 LSC, que regulan el sistema de retribución de los administradores, produciéndose un giro interpretativo en los criterios mantenidos por los Juzgados de lo Mercantil y por la DGRN hasta ese momento, como se va a indicar a continuación.

 

Hasta esta sentencia, la posición mayoritaria había venido manteniendo que el principio de reserva estatutaria del artículo 217 LSC en relación a la remuneración de los administradores se aplicaba de la siguiente forma:

 

ü   Órganos simples (administrador único, solidarios o mancomunados): deben constar el sistema y el límite de la retribución de los administradores en estatutos.

 

ü   Órganos colegiados (consejos de administración): el consejero con función meramente deliberativa, si es un cargo retribuido, debe recogerse en los Estatutos y la Junta General de Socios deberá establecer la remuneración máxima anual.

 

ü  Consejero con funciones ejecutivas: no se venía exigiendo que la retribución se contemplara en estatutos, al considerarse que estas funciones ejecutivas quedaban fuera del principio de reserva estatutaria, siendo suficiente la suscripción del contrato regulado en  el artículo 249.3 LSC, previa aprobación del Consejo de Administración.

 

La sentencia del Tribunal Supremo, por el contrario, ha establecido un criterio bastante controvertido.

 

Sin perjuicio de otras consideraciones, la sentencia concluye, en primer lugar, que los estatutos de las sociedades mercantiles deben establecer el carácter retribuido del cargo de administrador y, en segundo término, la Junta General fijar el límite de retribución anual de los mismos. Como novedad, dentro de este límite se habrán de incluir las retribuciones de los consejeros ejecutivos, lo que implica que se deberán prever estas remuneraciones en los estatutos de manera expresa, así como tenerlas en cuenta a la hora de fijar el conjunto retributivo máximo anual de los administradores por la Junta.

 

En definitiva, la adecuada redacción de los estatutos y el cumplimiento de las obligaciones societarias aludidas, así como la atención a otras cuestiones no menos importantes, como la fiscalidad de la remuneración, el encuadramiento en Seguridad Social y el régimen contractual resultan fundamentales para regular acertadamente las relaciones de los administradores y consejeros con las empresas.

 

Desde de Key Iberlex ponemos a su disposición toda nuestra experiencia y conocimiento adquirido a lo largo de los muchos años asesorando a empresas y directivos  para guiarles y llevar a cabo las actuaciones legales  más convenientes, garantizando la máxima seguridad jurídica y tranquilidad tanto de las compañías como de sus directivos.

 

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